Díaz-Balart lidera un escrito amicus bipartidista instando a la Corte Suprema a proteger los derechos de propiedad en EE.UU. y mantener en pleno vigor el Título III de la Ley LIBERTAD
MIAMI, FL – El legislador Mario Díaz-Balart (R-FL-26), presidente de la Subcomisión que determina los fondos para la política exterior de EE.UU. de la Comision de Asignaciones de la Cámara de Representantes y una de las voces principales de la política exterior de nuestra nación, anunció que él, junto con los legisladores Debbie Wasserman Schultz (D-FL-25), María Elvira Salazar (R-FL-27), Carlos A. Giménez (R-FL-28), Lois Frankel (D-FL-22) y Nicole Malliotakis (R-NY-11) presentaron un escrito amicus bipartidista ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises, Ltd., et al.
El escrito amicus destaca las importantes implicaciones de política exterior derivadas del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley LIBERTAD Helms-Burton), que permite que las personas cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen de Castro puedan demandar a las empresas que deliberadamente traficaron con esos bienes robados. El escrito insta a la Corte a garantizar que las víctimas de estas confiscaciones injustas puedan buscar plenamente justicia en los tribunales de EE.UU., tal como lo dispuso el Congreso al aprobar la ley en 1996.
“Durante más de 60 años, el régimen en Cuba ha robado propiedades, se ha enriquecido mientras empresas inescrupulosas se benefician de la confiscación de esos bienes, y ha negado justicia a sus víctimas, todo ello mientras reprime brutalmente a su pueblo y se opone a los intereses de Estados Unidos en cada oportunidad”, dijo el legislador Díaz-Balart. “El Congreso de EE.UU. promulgó la Ley LIBERTAD para responsabilizar al régimen cubano antiestadounidense por sus crímenes y asegurar que quienes fueron despojados de sus propiedades por el régimen de Castro cuenten con una vía legal para obtener justicia. Asimismo, pone sobre aviso a las empresas extranjeras de que serán responsabilizadas por lucrarse de bienes robados mientras financian al régimen castrista. Me enorgullece liderar este escrito amicus bipartidista junto a mis colegas para defender el estado de derecho, proteger los derechos de propiedad de Estados Unidos y apoyar a las víctimas de la conducta criminal de la dictadura cubana.”
Contexto y antecedentes
Entre diciembre de 2015 y junio de 2019, cuatro líneas de cruceros obtuvieron ganancias mediante el uso de propiedad robada, transportando a casi un millón de turistas a los terrenos confiscados de Havana Docks, donde atracaban sus barcos y desembarcaban a sus pasajeros. Estos viajes a Cuba representaban un negocio lucrativo para las líneas de cruceros, que, en conjunto, recibieron más de $1.000 millones por dichos viajes, según información presentada ante tribunales inferiores. El régimen en Cuba también obtuvo ganancias considerables mediante el uso de esa propiedad confiscada, ya que las líneas de cruceros declararon en documentos judiciales haber pagado al régimen más de $130 millones en tarifas e impuestos.
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